Re-visiones #6

Investigadores invitados

Los espigadores y yo

Adelita Husni-Bey en conversación con Ana Méndez de Andes y Emilio Santiago Muíño.

Ed. Pablo Martínez (imaginarrar@gmail.com)1

Museu d’Art Contemporani de Barcelona


Adelita Husni-Bey: Para este capítulo me centré en cómo la ley podría funcionar como un constructo hipotético, específicamente en relación con la vivienda. ¿Qué tipos de acciones ponen en cuestión la propiedad privada? ¿Cómo opera la ley en el territorio de lo simbólico (más allá de la capacidad del Estado de hacerla cumplir) y, por el contrario, cómo el hecho de analizar la ley como un constructo forja una capacidad para deshacer su poder simbólico o reclamarlo. Las "reglas" están en todas partes, pero se codifican específicamente como leyes sólo a través de un consenso que garantiza su aplicación y legitimidad. Entonces, ¿cómo se deshace esa legitimidad o se deshace en un imaginario diferente?

Os he invitado a vosotros dos a participar en esta conversación debido a vuestra amplia experiencia tanto en procesos de redacción de leyes, tanto en aspectos formales como informales. Ambos formáis parte del gobierno de algunos ayuntamientos de distinta forma. Ana eres asesora del Ayuntamiento de Madrid y Emilio trabajas en el de Móstoles, pero ambos tenéis una importante trayectoria en el activismo. Mi primera pregunta, o más bien se trata de un ejercicio, fue pediros que dibujarais un diagrama sobre la creación de leyes, a nivel municipal o estatal. ¿Os parece si hablamos a través de él? ¿Quién quiere empezar? Tal vez tú, Emilio, ¿describirías tu diagrama?

Emilio Santiago Muíño: Yo he usado dos colores para trazar el diagrama: en azul el esquema de desarrollo de una ley según la Constitución española; en naranja, factores que influyen y que determinan las leyes realmente existentes y su ejecución. En España las iniciativas legislativas pueden tener tres fuentes de origen: el gobierno, las cámaras, -el Congreso o el Senado- o las iniciativas legislativas populares (ILP) que tienen que ir avaladas al menos con 500.000 firmas para ser consideradas por el Parlamento. El proceso se inicia en el Congreso, con toda una serie infinita de trámites, comisiones, enmiendas... Luego pasa por el Senado, que como todo senado, es una cámara de contención diseñada para evitar que los procesos de reforma social vayan muy rápido. Si el Senado da el visto bueno, la propuesta se convierte en ley. Si no lo da, lo retorna al Congreso y allí se vuelve a debatir, pero entonces ya se puede aprobar por mayoría simple.

Se supone que estas vías derivan siempre de la soberanía popular –ese concepto problemático que he puesto entre comillas en el gráfico–, bien sea por la vía de las elecciones (que elige la cámara que elige el Gobierno), o bien por la acción de los movimientos sociales que pueden desarrollar las ILP.  Pero en este esquema hay que introducir una serie de trampas o de variables. La primera y básica es que si el gobierno no dota presupuestariamente la ejecución de la ley, esta se convierte en papel mojado. Igualmente importante es la influencia que los medios de comunicación ejercen en la conformación de ciertas aspiraciones políticas del cuerpo social. En este sentido, los grupos de presión económicos, aunque no solo ellos, influyen directamente sobre los gobiernos e indirectamente sobre la soberanía popular a través de los medios de comunicación. Incluso intervienen en las elecciones mediante la financiación de los partidos, aunque esto lo he dibujado con una línea discontinua porque se supone que no pasa, pero también ocurre. Con todo, hay que  introducir en el esquema otras variables fundamentales: por un lado, la soberanía popular se construye y está condicionada por constelaciones ideológicas que codifican patrones de vida buena y expectativas políticas. A su vez, hay que añadir algo que es clave: las determinaciones estructurales que condicionan el desarrollo de los sistemas sociales.  Las sociedades no flotan en el vacío del espacio. Hay unas realidades socioecológicas que determinan el campo de juego. Junto a esta dimensión “metabólica” he dibujado las otras dos determinaciones estructurales constitutivas de la sociedad moderna: la acumulación tautológica de capital y el carácter autorreplicante del sistema técnico. He introducido esto para evitar caer en la personificación del capitalismo, porque el capitalismo no es sólo el programa de unas élites, sino una suerte de dispositivo fetichista, una especie de sonámbulo que tiene ese componente  estructural e inconsciente. En lo concreto: el Estado moderno no puede atentar contra la acumulación de capital. Esta es una imposición que viene de nuestras formas profundas de socialización y no del deseo de los capitalistas de enriquecerse. Y una última aclaración: la acción legislativa de los movimientos sociales no se limita a las ILP. A través de la desobediencia de una ley, o bien a través de campañas para forzar su cumplimiento, se puede afectar su ejecución.

Ana Méndez de Andes: Me parece un diagrama fantástico. Pero me gustaría introducir un par de cuestiones: la primera es que de tu esquema podría deducirse que la soberanía popular se expresa (más allá de las elecciones) a través de movimientos sociales. Sin embargo hay otros agentes sociales con mucha incidencia que no suponen soberanía popular en el sentido de: “Hay un pueblo que siente de esta manera”, sino que vienen de minorías muy concretas que hacen presión en una…

Emilio: …en una determinada dirección.

Ana: Por otra parte, en tu diagrama la relación entre “soberanía popular” y “elecciones” está completamente descompensada en relación a los agentes sociales. En otras palabras, que la línea que dibujas entre la soberanía popular y las elecciones es, en la realidad, mucho más gruesa que la otra.

Emilio: Cierto, es mucho más gruesa. (Engorda la línea con el rotulador)

Ana: Porque el Estado-nación ha declarado desde… yo qué sé, me sale el Leviatán de Hobbes...

Emilio: O mejor desde Locke.

Ana: Desde Locke se declara que existe una soberanía popular que puede ser representada en un elemento como el Estado, y esto es una trampa. Todas las elecciones acaban con un líder exclamando “la soberanía popular soy yo”. Por eso, a mí me parecería interesante que se incluyesen expresiones ciudadanas que no están normalmente incluidas cuando nos referimos a los “movimientos sociales. La soberanía popular a menudo se interpreta como una imagen ideal, un espíritu unificado, legible, articulado y capaz de enunciarse, cuando en realidad es un magma conflictivo y en tensión. Y, sin embargo, es muy interesante ver cómo, a pesar de la asimetría y del reduccionismo, la acción de los movimientos sociales es capaz de frenar algunas leyes, como sucedió con la propuesta de la reforma de la ley del aborto. Lo que quiero decir es que fuera del esquema del procedimiento existen espacios en los que, después de que el Gobierno legisle y en algún momento del proceso de Congreso-Senado-Congreso, la acción social puede producir la retirada de la ley por parte del Gobierno.

Emilio: Sí, es verdad, tienes razón. Es una línea que habría que introducir. Totalmente.

Ana: Una línea que rompe esa cadena de acontecimientos (señalando el dibujo), porque ejerce cierta presión sobre el Gobierno, porque el Gobierno tiene la potestad de retirar una ley antes de ser aprobada.

Emilio: A lo mejor esto de la acción de los movimientos sociales se podría insertar en un cuadrado más amplio. En este magma que llamamos “sociedad civil”, por usar el problemático concepto liberal, entraría todo, desde los forofos del fútbol, a los grupos pro-taurios, o la ILP de la PAH.

Ana: Efectivamente, cosas a la que nunca llamaríamos movimientos sociales pero que están ahí, y hacen sus ILP y se movilizan.

Emilio: A nivel genérico sí son movimientos sociales. Otra cosa es que no nos gusten porque hemos capturado el término “movimiento social” para los nuestros, para la izquierda.

Adelita: Sí, se ve el modo en que todas estas ramificaciones pertenecen al imaginario de cómo se hace una ley. Empezamos con una idea bastante simple, casi utilitaria, de cómo funciona la ley y terminamos con una multitud de agentes que realmente afectan profundamente su camino. Respecto a ti, Ana, ¿qué dibujaste?

Ana: Bueno, pues mi diagrama legislativo es bastante aburrido, muy detallado y además tremendamente lineal. Describe el proceso administrativo de redacción y aprobación de, por ejemplo, un Consejo Sectorial, o una ordenanza. Es importante tener en cuenta que, aunque no está incluido en el esquema, cada uno de estos pasos, aprobaciones o informes está determinado y reglamentado por algún tipo de documento superior que establece quién tiene la competencia para hacer la ordenanza, qué tipo de información se debe incluir en las memorias y justificaciones, etc. En este caso en concreto, en principio se redacta un proyecto preliminar que debe ser aprobado por la SGT (Secretaría General Técnica) del área, quien hace un informe jurídico y una propuesta de acuerdo que remite a tres departamentos de los servicios centrales para que emitan sus propios informes. A partir de estos informes se revisa el anteproyecto según las objeciones que hayan puesto y se redacta el proyecto de reglamento, con un acuerdo de inicio que firma la concejala delegada y que se lleva a Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno hace un acuerdo de aprobación y se lo pasa a otra entidad, la ciudadanía, mediante información pública.

En mi diagrama he introducido de motu propio este elemento de “la ciudadanía”, porque nadie en el Ayuntamiento ni en los Reglamentos lo considera. El Reglamento solamente menciona que la aprobación ha de ser pública. A los treinta días naturales de ser publicado en los boletines del Ayuntamiento y la Comunidad, la Secretaría de la Junta de Gobierno hace una memoria de las alegaciones que ha hecho la ciudadanía (esta cosa que no existe para el Ayuntamiento), y se redacta el texto definitivo con el que la Junta de Gobierno hace un Acuerdo de Junta. Si no ha habido alegaciones, después de los 30 días la Junta de Gobierno aprueba el proyecto y pasa a las “instancias del Pleno”. Estas instancias serían la Comisión Extraordinaria y Permanente, que puede hacer también enmiendas y donde están representados todos los partidos políticos del Pleno. Y luego pasa por el Pleno donde puede haber más enmiendas y donde finalmente se aprobaría.

En todo este proceso hay dos cosas que me parecen especialmente interesantes: primero, la absoluta linealidad. Hay solamente un momento donde pasan cosas a la vez; esto sucede cuando el área de Coordinación Territorial, la Dirección General de Organización y Dirección General de Asesoría Jurídica emiten sus informes. Pero lo hacen cada uno desde su sitio, cuando lo lógico sería que sentarse todos juntos y negociar. Pero la administración tiene una tremenda resistencia a crear espacios de decisión colectiva. Las instituciones públicas del Estado-nación son: jerárquicas, binarias y segmentadoras. Y no solamente en relación con la sociedad, sino también hacia el interior, porque separa y segmenta las competencias, las responsabilidades de firma, la capacidad de tomar decisiones, etc. La otra cosa interesante es que solo se consideran relevantes las propias instancias de la administración. Como explicaba antes, la ciudadanía no existe porque lo que es importante es el acto administrativo de la información pública. Y esto tiene que ver con un tercer aspecto que me parece crucial, y es que nadie dice nada sobre cómo son los procesos: sobre cómo se debería hacer un anteproyecto para que tenga sentido, cómo se debe llevar a cabo la información pública o cómo se tratan las enmiendas. Es decir, a nadie le parece que sea importante, no se hace ninguna descripción de ningún reglamento: nadie tiene en cuenta cuál es el proceso. Los momentos relevantes aquí se refieren a procedimientos administrativos. O sea, el momento en el que la institución dice: “Ok a este texto”. El contenido del texto tiene que cumplir con unas consideraciones mínimas, pero el proceso que te lleva a ese texto no es puesto en ningún momento en cuestión.

Adelita: También estoy realmente interesada en la noción de "reforma". Cómo sucede la reforma dentro y fuera de una institución. ¿Qué tienen estos procesos de diferentes? Porque la reforma dentro de una institución sigue procesos como los que acabamos de describir, racionalizados, jerárquicos, burocráticos. Estos procesos continúan produciendo cambios materiales en la forma en que los ciudadanos y los no ciudadanos –tal y como los define el Estado- viven su experiencia bajo el Estado, pero ¿qué pasa con aquellos procesos que producen reforma, no necesariamente en términos legislativos, sino la reforma como capacidad para alterar?

Ana: Puedo responder a tu pregunta a partir de lo que ha pasado recientemente en España y cómo estos acontecimientos han roto el sentido de la dicotomía clásica reforma/revolución. Lo que tiene interesante este ciclo es que cambia los ejes dicotómicos en base a los cuales se juzga la realidad. En política hay normalmente una línea que divide izquierda y derecha, esto que en el Estado español es el bipartidismo PP-PSOE, y de repente el 15M marca otra línea que separa el 1% del 99% (dibuja en el gráfico). Y llega Podemos y plantea que otro eje que divide el campo en vieja y nueva política y está también el eje “Austeridad/No austeridad”. Pero en el gráfico podríamos introducir otro eje que a mí me parece súper interesante –y ya nos metemos en la quinta dimensión (ríen). Este eje separaría la política entendida como un juego de suma cero, donde el campo de poder es el que es y tú ganas poder quitándoselo a otro (que es lo que sucede en el juego electoral, donde ganas votantes restando votantes a otros), de las estrategias políticas que no entienden que el poder, como capacidad de hacer, sea una suma igual a cero. Por último el eje Reforma/Revolución sería una cosa así (escribe).
Creo que el mejor ejemplo que tenemos de la ruptura reforma/revolución sería la PAH, cuando desarrolla, al mismo tiempo, distintas acciones que rompen esta dicotomía. Por una parte, la PAH hace una ILP y pide la reforma de la Ley Hipotecaria. Pierde la ILP, pero le hubiese gustado que se realizase la reforma. Además, hace desobediencia civil pacífica, que es un gesto más quincemayista. Y además ocupa casas y mete a gente, algo que es…

Emilio: Revolucionario.

Ana: Revolucionario en el sentido de que acciones como la “Obra Social” desarrollan operaciones ilegales que cuestionan la propiedad privada. Y en todo esto no tiene que elegir entre una cosa y otra: reforma o revolución o viceversa. No es una cuestión de que a aquellos que promueven una ILP, los partidarios de la ocupación les dicen: “¿Pero por qué estáis haciendo la ILP?”. Ni cuando ocupa viviendas, la gente que hace desobediencia civil dice: “¿¡Pa’ dónde vais!?”. Son acciones que se desarrollan a la vez y cada una de ellas sirve para poner en crisis el modo en el cual se entiende todo el ciclo de acumulación de capital y cuál es el papel de la sociedad en ello. Por eso, creo que la cuestión de la oposición reforma/revolución se parece a una crítica que nos hacen mucho nuestras compañeras cuando dicen: “Os estáis centrando en la gestión y no estáis haciendo política”. Pero cuando produces una ordenanza técnicamente no estás siendo revolucionario pero no hay nada más ideológico que una ordenanza.

Emilio: Claro.

Ana: Una ordenanza define quién tiene acceso a qué, el proceso burocrático, cómo se determina el sujeto de derecho del recurso que se está poniendo a disposición. No hay nada más político que eso. Es decir, la gestión es absolutamente ideológica y política.

Emilio: Estoy bastante de acuerdo con esto que comenta Ana, y añadiría: no solo estamos habitando el desdibujamiento de este debate clásico que arrastramos desde la Segunda Internacional, sino que además acumulamos toda una experiencia histórica que certifica que el debate reforma/revolución era falaz. A lo largo del siglo XX no ha habido procesos reformistas que hayan tenido un efecto real sin ampararse en la amenaza complementaria de ejercicios de fuerza que podrían ser categorizados como revolucionarios. Un ejemplo: tú no te puedes explicar el proceso de reforma social en la Europa de posguerra sin la amenaza geopolítica de la URSS. Y al mismo tiempo cualquier proceso revolucionario, incluso los más radicales, por la propia obligación de convivir con un mundo que no se puede impugnar en su totalidad, terminan adoptando un tono que puede ser llamado reformista: una lógica de negociación y concesiones. Entonces, al final revolución/reforma no deja de ser una dicotomía que la práctica ha dejado en desuso.

Adelita: En este sentido quería hablar con vosotros sobre algunas investigaciones que realicé en Marinaleda. Me llamó la atención sobre todo la puesta en marcha de un proyecto de autoconstrucción importado de Uruguay, y cómo este plan había reestructurado radicalmente la forma en que los habitantes de Marinaleda tenían acceso a la vivienda pública. De alguna manera, para mí, también produjo un imaginario radicalmente diferente alrededor de la propiedad y el valor de uso, que me gustaría describiros...

Todos los residentes de Marinaleda tienen acceso al sistema de 'autoconstrucción', mediante un proceso de selección determinado por ciertos requisitos como pueden ser los bajos ingresos. El solicitante que accede al programa recibe una parcela de tierra, material de construcción y un grupo de trabajadores asalariados, desde albañiles a arquitectos. Si están dispuestos y tienen la capacidad y el tiempo, se anima a los solicitantes a participar en el proceso de construcción real de su vivienda. Todas las casas tienen una forma y tamaño estándar. La que visité tenía un gran patio trasero, dos dormitorios, un comedor, un salón y dos baños. Estaba habitada por una mujer y su hijo.

Una vez que el trabajo se ha completado, se asigna al solicitante una de las unidades construidas en ese período, lo que significa que la casa en la que trabajó podría no ser la casa que termina habitando. Supongo que esto es para garantizar la calidad en todo el sistema. Una vez asignada una unidad puede ser alterada ligeramente, añadiendo una habitación extra o cambiando las divisiones interiores. El alquiler es de quince euros al mes, dinero que se destina a devolver el material y la mano de obra prestados por el Gobierno regional. La deuda se satisface pronto, después de lo cual pueden dejar la vivienda en herencia a un pariente aunque nunca realmente poseen la propiedad de forma directa. Una vez que la propiedad deja de estar habitada se recicla a través del sistema. Para cuando llegué, en 2014, se habían construido unas 50 viviendas de esta manera.

Los residentes de Marinaleda tienen asambleas generales donde se discuten las asignaciones presupuestarias municipales. Toman decisiones a través de un "senado" compuesto de habitantes. Han optado por no tener una fuerza policial y dirigen cursos municipales que van desde la agricultura hasta la teoría radical queer. En el momento de mi visita había 33 cooperativas funcionando, siendo la mayor y más antigua “El Humoso”, cuyos trabajadores -pertenecientes al Sindicato de Obreros de Campo- ocuparon en 1983 los antiguos terrenos y edificios privados que ahora ocupa la cooperativa. El Humoso practica una política de trabajo para todos que garantiza la mano de obra para los trabajadores cooperativos y los temporeros, todos reciben los mismos salarios de 1.200 euros en temporada alta, muy por encima del promedio nacional para el trabajo agrícola. Por supuesto, Marinaleda es una pequeña ciudad (2800 personas), y no tengo ninguna intención de romantizar o hacer un llamamiento a la reactivación de una utopía rural, colectivista y soviética. Nuestras entrevistas también nos mostraron otras caras del experimento...

Sin embargo, para mí la radicalidad de este imaginario es lo que supone el entrelazamiento de "reforma y revolución" en acción, para encontrar un espacio mutuo la una para la otra, a pesar de los gobiernos conservadores, heteropatriarcales y racistas que rigen los gobiernos nacionales en general. En 2016, cuando inicié el segundo capítulo de la Convención sobre el uso del espacio en España, vosotros participasteis en las reuniones que llevamos a cabo para su escritura. Si bien la Convención es un documento imperfecto, que puede ser visto tanto como una herramienta legislativa radical con la ambición de establecer un sistema para-legal así como un ejercicio de escritura en derecho, trata de cuestionar las nociones de propiedad, comenzando por cuestionar la vivienda como mercancía, y es un intento de reclamar un valor de uso sobre el valor de cambio. Como materialistas firmes que sois [se ríe], ¿cómo interpretasteis este proceso?

Emilio: Una de las claves es entender que la realidad bifaz de las mercancías, como algo que tiene valor de uso y valor (cuya expresión es el valor de cambio, pero no se puede equiparar ambos términos), no es un acto jurídico. Es una emanación espontánea de las condiciones civilizatorias capitalistas. Un resultado de su marco de socialización, que no es exactamente un proyecto político diseñado, sino un esquema que configura unos sujetos y los obliga a relacionarse de una determinada manera. Yo creo que esto es interesante verlo a la luz de las experiencias del socialismo real. Entonces, a pesar de tener la voluntad política de superar el capitalismo, y todo el poder del Estado en sus manos, se reprodujeron las categorías sociales básicas de la “abstracción real capitalista” y sus efectos perniciosos: valor, trabajo abstracto, mercancía y dinero. Y es que esas categorías básicas se dan en una escala en la que la política del Estado moderno no sabe ni puede operar. Además aquí hay otro problema de fondo todavía más complejo: el carácter privativo del trabajo, que es lo que al final genera la estructura esquizoide valor-valor de uso, no es un fenómeno que tenga que ver exclusivamente con la propiedad privada de los medios de producción, como planteaba Marx. Hinkelammert le ha hecho a Marx una crítica que yo creo que es interesante al señalar que ese carácter privativo tiene una causa más básica, que es ontológica y no histórica: “la imposibilidad de la omnisciencia”. La fragmentación de tus percepciones va hacer que en los proceso de coordinación social se impongan estructuras fetichistas e inconscientes, como la que subyace a la mercancía y su doble realidad2. Por eso, en el socialismo real existían fenómenos de competencia y mercado negro, por tanto valor, aunque oficialmente las empresas fueran entidades que organizaban la división social del trabajo sin competir y supuestamente desde la primacía del valor de uso y la riqueza concreta. Todo esto conduce a la gran pregunta: ¿cómo se coordina el trabajo en sociedades tan complejas? ¿Se puede hacer sin mercados? ¿Se puede hacer con mercados y sin capitalismo? ¿El capitalismo puede funcionar de otra manera?

Porque el argumento antropológico clásico de la existencia de sociedades con mercados y sin acumulación de capital es falaz: eran sociedades radicalmente distintas, donde una gran parte de la supervivencia de la gente estaba vinculada a la autarquía comunitaria y el trabajo de la tierra. Esto no significa que no podamos intentar toda una serie de transformaciones que permitan, dicho de una manera muy simple que la lógica de las necesidades y de la vida concreta, como la necesidad de una casa, se impongan a la lógica de la acumulación de capital. Algo que tampoco es totalmente nuevo: todo el desarrollo de la modernidad se basa esa especie de movimiento ondulatorio: el desarrollo de la mercancía y su lógica y la intervención por parte de la esfera política para corregir el desastre. Estamos en ese juego. Pero no es una especie de péndulo, no es un eterno retorno: la acumulación de problemas y contradicciones dibuja nuevos escenarios. Y hoy tanto por razones ecológicas, como por los límites que encuentra el capital para reproducirse con rentabilidad, ya no podemos fantasear con resucitar los dispositivos reguladores de los gloriosos treinta. Respecto a la cuestión de que “el orden neoliberal ha convertido en sagrada la propiedad privada”, yo creo que el orden neoliberal lo ha exacerbado en relación, sobre todo, al referente de la regulación keynesiana, que hoy sigue hegemonizando nuestro ideal de los “viejos buenos tiempos”. Pero la santificación de la propiedad privada como principio básico ya está en Locke. Está en el fondo de nuestro sustrato civilizatorio. Yo creo que actualmente hay un margen cultural para lograr generar un proyecto de mayorías alrededor de la intervención contra la supuesta autorregulación del mercado, que es a todas luces desastrosa. Es decir, hay posibilidades políticas  para un proyecto de corte postneoliberal. Ir más allá de eso es mucho más complicado. La gente puede entender como una obviedad que no debemos permitir, como sociedad, gente sin casas. Pero de ahí a atacar el principio de propiedad privada hay un abismo.

Ana: Para mí forma de pensar, el error está en naturalizar la asociación entre derecho de uso y propiedad. Esto es lo primero que me parece discutible, porque conlleva muchos problemas. A mí me gusta mucho el trabajo de Rosa Congost, una historiadora de Girona que tiene un trabajo sobre la transformación del concepto de propiedad del Antiguo Régimen a la Modernidad3. Ella cuenta cómo el ideal de la propiedad perfecta se construye durante la Revolución Francesa y cómo nuestra idea de la Modernidad y los valores republicanos de libertad, igualdad y fraternidad están intrínsecamente ligado al concepto de propiedad absoluta como contraposición al Régimen Antiguo y su superposición de derechos.

Emilio: Es que la República se entiende como la cristalización social del principio de propiedad.

Ana: Si volvemos a la teoría de los comunes podemos ver las relaciones entre el establecimiento de la propiedad perfecta, cerrada y las formas de segregación del neoliberalismo. El estado neoliberal lo que hace es, cada vez y cada vez más, establecer y limitar cualquier tipo de superposición de derechos y de atribuciones en todas las esferas de la vida. Peter Linebaugh habla de estos derechos y de los comunes cuando refiere “El manifiesto de la Carta Magna” y su reflejo en la “Carta del Bosque”4. O lo podemos ver también en la película de Agnès Varda Los espigadores y la espigadora donde se reconoce el derecho de espigueo, el derecho a recoger los granos de cereal de los campos donde sus dueños no lo hacen. Incluso la Constitución española que reconoce el derecho de propiedad, también su función social. Probablemente, si cuestionas la propiedad privada como tal la gente entra en pánico, pero es bastante más fácil de entender si explicas que las casas que están vacías o las cosas que no son utilizadas por nadie deberían ser usadas por quien las necesita.

El otro día leí la noticia de que del 90% de las obras de intelectuales no se sabe de quiénes son los derechos y aunque quisieras no los podrías retribuir. Esto es muy interesante porque demuestra cómo el capitalismo no consigue extraer plusvalor de absolutamente todas las cosas. No consigue establecer un ciclo de acumulación de capital lo suficientemente intenso –lo consigue aplicar en todas partes, pero no lo suficientemente intenso– en todas las partes y todo el tiempo. Cuando plantea leyes de copyright para todo, en realidad extrae valor de un porcentaje que es mínimo. Y este es otro de los espacios desde donde se puede cuestionar la propiedad en base a su desuso. En Holanda, hasta que cambiaron la ley, si un edificio estaba vacío durante un año se podía ocupar. Es decir, la propiedad privada no se podía dejar sin aprovechamiento social. Aunque probablemente no se debía a un sentido anarquista de la vida sino a un productivismo loco, que decía: “Señores, pongan ustedes a producir”. (Ríen)

Emilio: “Que hay cosas sin funcionar”.

Adelita: [ríe] Sí, es casi como si con el derecho de uso también se tuviera que incluir el derecho a existir dentro de un espacio, pero no necesariamente hacerlo "productivo".

Ana: “Que hay cosas sin funcionar. Pónganlas a producir que si no viene alguien y lo van a ocupar. ¡Venga, dense prisa!”. En todo caso, me parece esencial introducir la idea de que lo que hay que reclamar no es la propiedad, sino la gestión. Los comunes tradicionales (como los de la Carta del Bosque) no se basan en la propiedad.

Emilio: Pero yo no olvidaría factores histórico-concretos como el hecho de que esa imposibilidad de generar un ciclo de acumulación de capital suficientemente intenso está promoviendo todos los procesos de privatización que estamos viendo en la actualidad. Ya no es solo una cuestión de reclamar el uso, sino de entender el uso en el marco de un conflicto mucho más amplio y que aún no tenemos muy claro cómo podemos ganar. Si miras con distancia todos estos procesos de cambio que han emergido en los últimos años, lo que da vértigo es el avance imparable de las lógicas de privatización y de acumulación de un capitalismo ahogado, pero que necesita seguir echando leña al fuego del proceso de valorización.

Ana: Está muy bien hacer un análisis preciso de todo lo que puede ir mal, pero yo prefiero analizar lo que tiene las cosas de positivo, así como detenerme en los ejemplos que ilustran cuándo sí se puede. Volvemos a la PAH: un movimiento que es capaz de convertir en un agente político de primer orden a una gente que no podía pagar una hipoteca y era desahuciada; en un agente social increíble a base a celebrar cada pequeña victoria, diciendo “Ésta la hemos ganado” y demostrando que sí se puede. Esa fuerza de celebrar las victorias, consigue tener una gran incidencia en la producción del sentido social.

Emilio: Eso sí que es cierto, pero la experiencia de la PAH de Móstoles también me ha servido para ver algunos límites. En Móstoles debe de haber en torno a 3.000 viviendas vacías, y con todo el trabajo de la PAH se ha conseguido ocupar un edificio para 18 personas: La Dignidad. Hay veces que creo que todos nos agarramos al clavo ardiente de la PAH, pero el problema de la vivienda en Móstoles, por desgracia, no se va a solucionar con ocupaciones masivas de vivienda, sino a través de una vía legislativa. Que además, a nivel municipal tiene unas posibilidades mínimas. Esto, al final, no deja de ser un pulso con la banca privada en este país. Y eso no se dirime en un Ayuntamiento.

Ana: Claro. Yo siempre que cuento esto a continuación digo que la PAH, a día de hoy, ha parado 2.000 desahucios y ha realojado a 2.500 personas. Pero en el mismo periodo se han producido... no se saben bien los números... pero entre 700.000 y 1.000.000 desalojos. Es una experiencia difícil de escalar solo con el activismo, pero de verdad creo –y es un problema histórico– que la melancolía de izquierdas provoca que la gente se pase la mayor parte del tiempo contando lo mal que están las cosas. Volviendo a la idea de revolución y reforma, la increíble potencia de la revolución es que produce la energía y la convicción de que las cosas pueden cambiar, que las cosas se pueden transformar, se pueden cambiar y esto puede ser de otra manera. Esa voluntad es algo básico. Necesitamos normativas, herramientas y capacidad de incidencia en las condiciones materiales de vida para transformarla.


[1]Extracto de la publicación: Adelita Husni-Bey. White Paper: On Land, Law and The Imaginary, Ed. Antonia Alampi, Binna Choi, Jens Maier-Rothe y Pablo Martínez, Publicado por Beirut, Casco-Office for Art, Design and Theory, CA2M Centro de Arte Dos de Mayo y Valiz, 2016.

[2] Franz J. Hinkelammert y Henry Mora Jiménez, Hacia una economía para la vida, La Habana: Filosofí@/Caminos, 2014. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3318458.pdf (Vid. 20/11/2016)

[3] Rosa Congost, Campos cerrados, debates abiertos: análisis histórico de la propiedaden Europa (siglos XVI-XIX), Pamplona: Universidad Pública de Navarra, 2007.

[4] “El Manifiesto de la Carta Magna” (1215) que dio lugar a conceptos como habeas corpus, debido proceso legal y la abolición de la tortura, fue acompañado de la apenas conocida “Carta de los bosques” que protegía la subsistencia de los pobres. Peter Linebaugh describe estos documentos citando las fuentes originarias en El manifiesto de la Carta Magna. Comunes y libertades para el pueblo, Madrid: Traficantes de sueños, 2013.

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