Re-visiones #6

Investigadores invitados

Trabajo de campo: pensar a fondo la Convención sobre el Uso del Espacio (casi más de) un año después

Adelita Husni-Bey

Investigadora independiente, pedagoga y artista. Brooklyn


En mayo de 2014, como parte de un encargo de la institución neerlandesa Casco, empecé a trabajar en la Convención sobre el Uso del Espacio (CUS, por sus siglas en inglés). Utilizo la primera persona del singular en tanto que instigadora del proyecto, en un intento por aceptar la responsabilidad, más que la autoría, puesto que la lista de co-colaboradores y co-conspiradores ocuparía varias páginas. Hay mucho que decir sobre la metodología particular utilizada para montar la CUS, así como sobre las complejidades que acarrea el hecho de que la CUS sea al mismo tiempo un documento funcional y un documento producido a través de un marco institucional/artístico; pero, antes de nada, creo que, si nunca hubiera oído nada de la CUS, querría averiguar qué es, así que voy a empezar describiendo el espacio paradójico que habita la Convención y de dónde viene.

La Convención sobre el Uso del Espacio es un documento paralegal, en la medida en que emula/roba el lenguaje, el ámbito y la estructura de un documento legal y aspira a ser leído como tal, pero no es un documento legal en la medida en que no procede de una entidad legal reconocida con poderes formales en materia de vivienda. Se redactó “colectivamente”, a través de una serie de encuentros públicos celebrados por todo Países Bajos: los responsables fueron un grupo heterogéneo de personas, así como un pequeño número de ponentes invitados y remunerados, que debatieron sobre la estructura, la función y el lenguaje de los artículos que la componían. La Convención intenta cuestionar e introducir un régimen paralegal sobre lo que se considera en la actualidad propiedad y, por extensión, lo que puede hacer un propietario con su propiedad, en contraposición con los “comunes”. Se basa en la idea de que la propiedad, como “distribución de los derechos sociales”, debe ponerse en cuestión en tanto que resultado del modo inherentemente injusto en el que esos derechos están en la actualidad distribuidos, normalizado en virtud de diversas formas de privilegio heredado y adquirido. Si abordamos el espacio de los comunes como un espacio inalienable que la Convención protege, podemos ver que ésta funciona como herramienta prefigurativa de negación de la reproducción perpetua de la propiedad privada.

 

I. Posesión arraigada

Los regímenes modernos de propiedad privada surgen del hondo entrelazamiento entre la apropiación de activos y su “mecanismo distribuidor”: la legislación regulatoria sobre bienes raíces. La propiedad y los cercamientos de tierras aparecieron mediante la expansión de los derechos de los siervos sobre la tierra en torno a los siglos V y VII, cuando, de acuerdo con Silvia Federici (2010), se impusieron los derechos de uso y las formas fundamentales de regulación agraria como medio para contener y apaciguar las rebeliones campesinas (p. 36). En palabras de Federici, “desde el punto de vista de los cambios que introdujo en la relación amo-esclavo, el aspecto más importante de la servidumbre fue la concesión, a los siervos, del acceso directo a los medios de su reproducción” (FEDERICI, 2010, p. 37). Las relaciones de propiedad medievales se basaban, pues, al inicio, en un principio de reciprocidad ligado al uso y al trabajo y a una red de obligaciones que tanto los Señores como el campesinado debía respetar, aunque desde luego lo habitual era que el campesinado se llevase la peor parte. Se trataba de una “economía de servicios” esenciales, basada en el “derecho de uso” que un Rey concedía sobre parcelas de tierra (la demesne) a cambio de grandes porciones de los frutos del trabajo en esas mismas parcelas. Hacia el Siglo XIII, era ya posible legar en herencia pequeñas parcelas (mansus o hide)1 a miembros de la familia (ibid.) y, aunque el Rey seguía siendo el “titular”, los campesinos, como clase, tenían un derecho inalienable sobre la tierra, lo cual les otorgaba poder para ejercer presión, rebelarse y, en ocasiones, lograr negarse a nuevos cercamientos de tierras; cercamientos que se harían más habituales en los siglos posteriores2 .

En 1649, los Diggers [Cavadores], un grupo de socialistas agrarios protestantes, encabezados por Gerrard Winstanley, empezaron a derribar estos cercamientos en protesta contra un primer intento generalizado de los Señores de privatizar la tierra. El objetivo de Winstanley era devolver a la tierra su estatus inicial: el de propiedad comunal [commons]3. Winstaley explicó las acciones de los Diggers en la ley que él mismo redactó, la New Law of Rightousness [La Nueva Ley de la Justicia], donde proclamó, con el ardor religioso propio de la época:

Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno4 [...] En el principio de los tiempos, Dios creó la Tierra. Nada fue dicho acerca de que una parte de la humanidad debiera dominar al resto, pero el egoísmo llevó a un hombre a dominar a los demás.
(WINSTANLEY, 1652)

Lo que Winstanley estaba proponiendo era oponerse radicalmente al sistema naciente de cercamientos, haciendo respetar la propiedad comunal a través de una ley que protegiera el uso y lo que, en términos legales, podría considerarse una especie de “comunización”, por medio de la prescripción adquisitiva. A pesar de lo combativo que pueda parecer este gesto, la idea de que el uso bastaba en y por sí mismo para establecer la posesión no retrocedió en el ámbito legal en los Estados del Norte de Europa hasta fecha sorprendentemente reciente. En Países Bajos, por ejemplo, el periodo de tiempo necesario para recibir la titularidad de una tierra después de su ocupación (o “uso”) no pasó de 15 a 30 años hasta el cambio de milenio5. En Inglaterra, aunque el plazo para la prescripción adquisitiva se redujo de 12 a 10 años con la Land Registration Act [Ley de Inscripción de la Propiedad de la Tierra]de 2002, los requisitos para adquirir la titularidad se volvieron prácticamente imposibles de cumplir6.

II. Pásame esa pala

Podemos ver un ejemplo temprano y señalado de prescripción adquisitiva en el proceso de Burmagim contra Bradshaw (California, 1870), donde ambas partes reclamaban el derecho de posesión de la misma tierra, heredada 100 años antes de diferentes personas: una de ellas, George Treat, estando con vida, había levantado una valla alrededor del terreno y había llevado ganado a pastar sobre su hierba, mientras que la otra persona no. Puesto que se consideraba que el Sr. Treat había “trabajado” el terreno y, por lo tanto, lo había usado, el jurado falló a favor del Sr. Bradshaw (quien había heredado el título del Sr. Treat) en virtud del uso productivo que le había dado a la tierra. El Sr. Bradshaw accedió así al derecho de posesión de la parcela que, hasta aquel momento, había ocupado “ilegalmente”. La prescripción adquisitiva otorga así la posibilidad de una transferencia de titularidad si el demandante legítimo (el propietario) no intenta expulsar al okupa u ocupante a través de los tribunales en cierto lapso de tiempo y si el ocupante da a las tierras en cuestión un “uso productivo”, “las cultiva o vive en ellas”. No obstante, la idea de “dar un uso productivo” tiene una evidente carga ideológica: ¿qué significa hacer que una tierra sea productiva? ¿Estamos hablando de un “uso” por parte de quién?

El desarrollo de la tenencia de la tierra, la propiedad y la colonización se produjo al unísono, en particular a través de una idea de uso ideológicamente cargada. En la historia del genocidio americano de las poblaciones nativas, el proceso de Johnson contra McIntosh de 1823 constituye un ejemplo significativo al respecto. Citando a Carol Rose, en “La posesión como origen de la propiedad”:

El proceso se refería a la validez de dos reclamaciones diferentes de derecho de propiedad sobre las mismas tierras en lo que hoy en día constituye una amplia franja de Illinois e Indiana. Los demandantes en este proceso presentaban su reclamación a través de tribus indias, basándose en hechos de la década de 1770; los demandados fundaban su defensa en títulos emitidos por Estados Unidos. El Tribunal falló a favor de los demandados, alegando que las reclamaciones realizadas a través de los indios no eran válidas […]. De acuerdo con uno de los argumentos de los demandados de Estados Unidos, los indios no podían haber transmitido su título de propiedad a los predecesores de los demandantes porque, “[p]or naturaleza”, los propios indios nunca habían llevado a cabo actos sobre las tierras que bastasen para instaurar su propiedad sobre ellas. Es decir, los indios nunca habían acometido realmente esos actos de posesión que dan origen al derecho de propiedad.

Las tribus indígenas, en su nomadismo, no hacían un uso “apropiado” de la tierra, en cualquier caso, la tierra no se utilizaba de acuerdo con los regímenes de propiedad establecidos por la naciente nación estadounidense y, por lo tanto, su uso quedaba invalidado. Para los colonos americanos, el uso “improductivo” de la tierra por parte de las poblaciones indígenas se convirtió en un instrumento para el robo sistemático de tierras en los siglos siguientes.

Agentes principales del modelo liberal-individualista, los colonizadores europeos intentaron imponer, a través de medios burocráticos de legitimación, su régimen de propiedad sobre los colonizados. Al imponer tal régimen (tal es el caso de los británicos en Bengala o de los ingleses tanto en Estados Unidos como en Australia), los colonizadores se deshicieron de las obligaciones y de las responsabilidades mutuas y para con los medios comunes de subsistencia que he descrito con anterioridad. Esto se debe a que la ley consiste en absorber al otro en un sistema que es racional para el colonizador, de manera que, a través de una osmosis violenta, el “otro” se convierte en una copia.

Resalto estos ejemplos como un modo de describir la naturaleza engañosa de la prescripción adquisitiva. El “uso productivo de la tierra” constituye en realidad un arma de doble filo, en el sentido de que depende fuertemente de las decisiones que se tomen con respecto a qué es la productividad y deja de inmediato fuera todo lo que se considera “improductivo”. Siguiendo esta lógica, la CUS pregunta: ¿es posible reconfigurar esa “productividad” para que refleje de un modo más fiel los comunes, de manera que lo que calificamos de uso “productivo” del espacio se reconfigure en función de criterios radicalmente anticapitalistas?

Reconfigurar lo que significa un uso productivo y reestablecer la necesidad del derecho a la prescripción adquisitiva son ambas acciones ligadas siempre a reconfigurar qué “usos” producen “valores” y cómo estos valores existen antes y más allá de su valor de mercado inmediato, también conocido como valor de cambio. ¿Es posible que el trabajo afectivo en espacios comunitarios, espacios compartidos, espacios que grupos o minorías que buscan darse una base para existir dentro del capitalismo necesitan conseguir de forma gratuita o por poco dinero, se descriminalice y se reconozca como un trabajo que produce valores sin ningún afán de monetarización? ¿Es posible que se otorgue el derecho a existir a perpetuidad a porciones del espacio urbano, a bolsas de resistencia? ¿Es posible liberar para siempre a aquellos que habitan estos espacios de la amenaza de cárcel y violencia? Estos interrogantes equivalen a preguntar si es posible llegar a eliminar por completo la violencia sistémica sin ocuparse en primer lugar de formas de propiedad que dibujan líneas hereditarias entre aquellos que tienen privilegios monetarizables y aquellos que no los tienen.

III. Sobre los comunes y la forma valor

Si el valor de uso es realmente un “repositor” del valor de cambio, también conocido como coste en el mercado del producto al venderlo, el valor de uso existe como realidad material en relación a las necesidades sociales, con independencia de la necesidad individual de una persona en particular. El valor de uso de una mercancía es específicamente un valor de uso social, lo cual significa que tiene un valor de uso aceptado en general por otros miembros de la sociedad y no sólo para el productor: la vivienda entra sin duda dentro de esta categoría. Reconociendo que ambos valores existen a la vez en cualquier “espacio” dado, la Convención da prioridad, a través de la protección legal, al valor de uso. Con esta inversión de la prioridad actual del valor de cambio sobre el valor de uso (de lo cuantificable sobre lo incuantificable), la Convención también pretende criminalizar la acción de dejar una vivienda o un espacio sin uso, una realidad que sólo en Inglaterra se traduce en más de 600.000 hogares vacíos7. Aunque este tipo de legislación ya existe, por ejemplo, en el código penal neerlandés, las multas impuestas con frecuencia son ridículas en comparación con el capital que adquieren los propietarios si dejan los espacios vacíos, esperan a que los precios del suelo se pongan por las nubes y luego demuelen los edificios. La CUS va un paso más allá de esta legislación ya existente (que, de acuerdo con los abogados de los okupas locales, casi nunca se aplica) y declara que negar a otros la posibilidad de producir valores de uso social en un espacio debería dar pie a que ese espacio pasara a manos de grupos que no podrían permitírselo a precios de mercado, para que lo gestionaran, lo utilizaran y lo compartieran.

Por supuesto, tratar un “valor acordado socialmente” y los “comunes” como un espacio liso, no jerárquico, sería absurdo. Cualquier invocación de los “comunes” o de “todo el mundo” está desde luego plagada de complejidades. ¿Cómo distinguir las jerarquías inherentes presentes en la noción populista de un conjunto impreciso de individuos? ¿Es necesario, o incluso posible, “legislar” contra la discriminación entre quienes podrían beneficiarse de los “comunes”? No cabe duda de que tanto la prescripción adquisitiva como la noción de los “comunes” son herramientas y no términos que siempre funcionen en sintonía con las reivindicaciones de Winstanley o con los dictámenes de prescripción adquisitiva a favor de quienes no “tienen la propiedad”. De nuevo, ahí es donde la Convención interviene, estableciendo, a través del lenguaje y de la posibilidad de adherirse al documento, un vocabulario común en torno a cómo podrían ser estos “comunes” en concreto. La noción de los comunes presente en la CUS cambia así tanto local como temporalmente, a través de sus redacciones, revisiones y cambios anuales: el documento se transforma de acuerdo con los diferentes debates y conversaciones que los participantes ponen en primer plano en ese lugar y en ese momento específicos. En este sentido, no se trata de un documento fijo, donde, por ejemplo, lo que entra dentro de los comunes para grupos de base en España en 2014 es lo mismo que lo que esto significa para activistas o estudiantes en Francia en 2016, sino que cambia e intenta adaptarse tanto al conjunto cada vez más extenso de legislación en materia de vivienda como a sus luchas. <(p>

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Esta convención aborda la posición de una multitud de grupos, individuos y prácticas que producen una alternativa a la noción de propiedad, apropiación, explotación acumulativa e individualización en las sociedades contemporáneas; aquí referida como “valor de uso del espacio” y definida en el artículo 3 de esta Convención;

(Artículo 1; párr. 1 – Versión neerlandesa)

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IV. Cantar en cabildos cavernosos

Al plantear una reivindicación sobre la tierra, los Diggers estaban de hecho cuestionando cómo se distribuían los derechos, formulando la pregunta fundamental (¿a quién le pertenece esto y por qué?) y poniendo en escena o efectuando la pregunta a través de la ocupación y del uso de la tierra. Es interesante observar, a este respecto, que el okupa, una figura social clave del paisaje urbano de Europa del Norte a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, no se identificó con el “delincuente” en el código penal de diferentes Estados miembro de la Unión Europea hasta fecha relativamente reciente.

Basándose en una Ley sobre la Paz Doméstica (huisvrede) de 1880, Países Bajos introdujo un articulado draconiano contra las okupaciones en 2010. El artículo 138 y los artículos asociados del Código Penal amenazan a los que okupan con una pena de tres años de cárcel y multa, una condena que se triplica si la acción la lleva a cabo un grupo. La ley “anti-kraak” [antiokupa], tal y como se la conoce, está dirigida contra un sector específico de la población neerlandesa: pretende reducir y, con el tiempo, eliminar la práctica de la okupación tanto en su capacidad de dar vida, sostener y reproducir simbólicamente espacios anticapitalistas, como en su función material de exención del alquiler dentro del parque de viviendas a precios de mercado. En tanto que práctica que no desea acatar el actual régimen de propiedad ni la política que lo acompaña, en cuanto que práctica que intenta sortear las nociones vigentes de uso y titularidad apropiados, la okupación debe dejar de ser un icono y una opción habitacional para grupos que reclaman el derecho a la ciudad.

En Reino Unido, se aprobó un texto legislativo parecido en 2012. La Sección 144 del Proyecto de Ley sobre Justicia gratuita, Penas y Sanciones (LASPO, por sus siglas en inglés) creó un nuevo delito, a saber, la “okupación de un edificio residencial”, una práctica extendida y tolerada hasta bien entrada la década de 1980 en la Gran Bretaña postindustrial y en crisis. Seis meses después de su entrada en vigor, SQUASH (siglas de Acción Okupa para Hogares seguros, en inglés) declaró que más de 180 personas se habían quedado sin hogar a resultas de esta ley y que otras 33 habían sido acusadas de este delito8.

A pesar de ello, se siguió okupando, como sucede siempre con prácticas que nacen de una necesidad ante la ley: se okuparon, se abrieron y se desalojaron más espacios tanto en Países Bajos como en Reino Unido. La Convención aborda la persistencia de la okupación ante esta legislación y su puesta en práctica (aunque aún moderada), recalcando que la actitud actual del Estado no garantiza una benevolencia a largo plazo. La mera existencia de este poder estatal es relevante no sólo en su materialización presente, sino en su posibilidad. La Convención interviene precisamente contra esta posibilidad, intentando definir, analizar y producir, de manera preventiva, lenguajes en torno al cuidado y a la protección de espacios con un programa ideológico diferente.

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Para la distribución del espacio conforme a los principios del valor de uso en virtud de la creación y/o protección de los comunes, definidos como aquellos recursos culturales, habitacionales y naturales accesibles a todos los miembros de una sociedad, sostenidos en común, sin discriminación, con independencia de su titularidad, a través de la democracia radical;
(Artículo 3; párr. 1 – Versión neerlandesa)

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V. Seguir amasando en múltiples direcciones

Queda aún una serie de preguntas complejas sin responder, que pasan a primer plano y que espero poner sobre la mesa con las primeras traducción y redacción de la Convención en España, que comenzará en junio de 2016. La primera pregunta tiene que ver con la funcionalidad de la convención. Aunque el hecho de debatir, redactar y escribir colectivamente tiene sin duda valor en sí mismo (¿de empoderamiento?), la convención no ha traspasado aún en realidad el umbral de un documento “entre dos aguas”. Un documento que se asoma por la ventana de la ley sin llegar a conocer/transmitir su lugar u su uso dentro de tal campo. Cuanto más pienso en ello, más concibo esto como una fortaleza, en el sentido de que logra no someterse ni a una noción artístico-representativa, ni a una legalista-utilitaria, pero, paradójicamente, también lo concibo como su debilidad, puesto que no logra comunicar su propio uso de forma transparente y, por lo tanto, corre el riesgo de que se le dé un mal uso o que no se le dé ningún uso en absoluto.

La propiedad es la red de relaciones que rige la posesión y el derecho civil, administrativo y penal rige esta red, pero, tal y como sostiene Mark Tushnet (miembro del Movimiento de Estudios Legales Críticos estadounidense de la década de 1970), los “derechos” son puro escaparate para legitimar afirmaciones de poder por parte del grupo dominante. Así que, ¿para qué sirve la Ley?

La Convención se ha descrito como una “legislación-movimiento”9. En una imposibilidad efectiva de definir en términos sencillos qué es el “movimiento”, quién puede participar de él y cuáles son sus dinámicas10, creo que, de todo lo que cabe extraer de esta definición, lo más útil son sus connotaciones. El profundo compromiso del documento parte del proceso a través del cual se escribió: una serie de encuentros públicos de los que participaron personas que se identificaban con fuerza como gentes con un interés real en la cuestión de la vivienda, en la medida en que vivían amenazadas sin cesar por alquileres elevados y situaciones precarias de vida y/o porque podían arrojar luz sobre formas de resistencia, como es el caso de abogados de cooperativas de vivienda, activistas, okupas y juristas. La pregunta central, no obstante, es ¿por qué legislación?, ¿por qué una ley para ocuparse de espacios que, en muchas ocasiones, rechazan la ley como paradigma de la opresión? Pues, específicamente, para recuperar, reescribir e intentar repensar maneras en las que poder restablecer una política equitativa de justicia habitacional a través de la idea en cierto modo radical de que la propiedad privada, tal y como la conocemos, debería dejar de existir. El tropo de plantear esto como un hecho consumado, utilizando un lenguaje legitimador, constituye el núcleo de su carácter prefigurativo.

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El espacio infrautilizado se define como aquel espacio con menos de 1 persona por 50 metros cuadrados, donde la producción de valor de uso no afecta negativamente a los usos recogidos en el artículo 3, parr. 1, a-j;

Los espacios que este artículo define como vacíos pueden ser ocupados de acuerdo con el artículo 3, parr. 1, a-j.

(Artículo 4; parr. 3,4 – Versión neerlandesa)

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Si el documento lo aceptan múltiples grupos e individuos que actúan dentro de sus preceptos cambiantes y respetando sus principios, el objetivo último de la CUS es convertirse en una contralegislación frente a la legislación existente en materia de vivienda, que establezca una especie de paralegalidad en Europa. Esto no significa que la CUS aspire necesariamente a que los marcos legales existentes la legitimen. Aunque toma términos y formulaciones para afirmar que sus reivindicaciones en realidad están en parte protegidas por la legislación existente (véase el artículo 7 de la Convención europea sobre Derechos Humanos, por ejemplo, que establece el derecho a la paz doméstica), no intenta utilizar o emplear los métodos actuales de imposición, como la policía, que coinciden con el Estado capitalista heteropatriarcal, sino que afirma estas prácticas de comunización como una necesidad y un hecho a través de la práctica. En este sentido, efectúa una subversión/revocación de los mecanismos de sanción, puesto que el foco se coloca en el Estado (sin “apelar” a él), no en la “ciudadanía”, subordinada de un modo cada vez más violento al Estado capitalista. Aunque las prácticas de lo común que la convención describe (okupación, cuidados colectivos, espacios pedagógicos libres y espacios de salud comunitaria) acontecen, existen y han existido mucho antes de que la noción de los derechos legales a la tierra empezara siquiera a salpicar el paisaje, estas prácticas están en estos momentos a merced de cotas más elevadas de violencia estatal, acompañadas de prácticas bancarias como las que combate la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en España, que despojan a quienes no pueden permitirse vivir “dentro de la ley” de sus medios de vida: este es el motivo de que se creara la CUS.

Con el capítulo español, el objetivo y la esperanza es ampliar y criticar en público el borrador neerlandés del documento, a fin de adaptar nuestras herramientas y afilar nuestras armas. Nuestros encuentros iniciales abordaron en parte el ataque brutal de la legislación de vivienda contra las personas hipotecadas (protegidas y representadas con mucha entrega a través de las acciones de la PAH) y las mordazas al uso del espacio público creadas por la “Ley Mordaza” (tales como prisión preventiva, listas negras de “infractores” y aumento del control policial de la vida callejera y de las protestas), erigiendo una bandera de lucha en torno a la protección, definición y gestión colectiva de los “bienes comunes”11, a través del uso del espacio, dentro de una forma y una estructura que pueda nombrarse, leerse y reivindicarse localmente.


BIBLIOGRAFÍA

FEDERICI, Silvia (2010). Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Madrid: Traficantes de sueños.

KADIR, Nazima (2016). The Autonomous Life? Paradoxes of Hierarchy and Authority in the Squatters Movement in Amsterdam. Manchester: Manchester University Press.

ROSE, Carol M. (1985). “Possession as the Origin of Property”, University of Chicago Law Review 52, pp. 73-88.

WINSTANLEY, Gerrard (1652). La ley de la libertad en una plataforma o la verdadera magistratura restaurada (trad. 2005). Madrid: Tecnos.


[1] Demesne, mansus y hide eran términos utilizados en el derecho medieval inglés para designar estas parcelas sobre las que los siervos tenían ciertos derechos.

[2] Karl Polanyi (fundador de la “escuela sustantivista”) considera los “cercamientos” del Siglo XVIII un “robo de clase” legitimado por abogados y terratenientes, aliados con el parlamento. En particular, el Sistema de Speenhamland (una enmienda de la Ley de Pobres isabelina), que producía un sistema de pauperismo universal, al permitir que los empleadores pagaran salarios por debajo del nivel de subsistencia que luego las autoridades locales complementaban.

[3] En el Reino Unido, aún se conoce la propiedad comunal con el nombre de “the commons”.

[4] Versículos 44 y 45 de los Hechos de los Apóstoles, capítulo II.

[5] Véase  http://www.dutchcivillaw.com/content/legalsystem044.htm. Consultado el 10/09/2016.

[6] Un okupa tiene que ser capaz de demostrar que el propietario de la tierra le hizo creer que era suya o que él creyó equivocadamente que era suya, pensando que formaba parte de su propiedad adyacente: https://www.gov.uk/government/publications/adverse-possession-of-registered-land/practice-guide-4-adverse-possession-of-registered-land. Consultado el 07/07/2016.

[7] Datos basados en estadísticas gubernamentales, recogidos por la iniciativa Homes for Empty Homes en diciembre de 2015.

[8] http://www.squashcampaign.org. Consultado el 07/07/2016.

[9] Un término acuñado inicialmente por Deana Dadusc, crimonóloga y okupa, antes de uno de nuestros encuentros.

[10] Véase el libro siempre debatido “¿La vida autónoma?”, de la antropóloga Nazima Kadir (2016).

[11] Tanto “bienes comunes” como “Ley Mordaza” aparecen en castellano en el original [N. de la T.].

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